Estos días, los centros educativos estamos inmersos en la realización de pruebas diagnósticas en 1º, 3º, 4º de Primaria y 2º de ESO, una de las consecuencias directas de la implantación de la última (hasta el momento) reforma educativa, la LOMCE. Se trata de una ocurrencia más de alguna de las muchas “mentes preclaras” que pueblan el ministerio de educación y otros edificios de la administración educativa,

alguien que debe hacer varios lustros que no pisa un aula, y que ha tenido la genial idea de exportar a nuestro país un recurso que, sin embargo, funciona desde hace décadas en otros países del continente. Entonces, ¿a qué se debe mi rechazo ante esta propuesta? Pues se basa en tres aspectos de las mismas que os describo a continuación: planteamiento, ejecución y utilización de los resultados.

a) Planteamiento de las pruebas: la “Orden de 13 de diciembre de 2007 sobre evaluación en Educación Primaria”, en su artículo 2 habla del carácter de la evaluación y dice así: “La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo”. Gran contradicción, entonces, supone esta evaluación diagnóstica. Mientras que la legislación vigente nos propone que la evaluación sea como un “video”, en el que observemos y valoremos los progresos del alumnado en las diferentes asignaturas a lo largo del curso, la diagnóstica nos propone que hagamos la “foto” de un solo día. O alguien no se ha leído la ley, o si lo ha hecho, ha pasado de ella y hasta de la madre de quien la parió. Podríamos pensar que esta ley, al ser anterior a la LOMCE, no refleja todavía la filosofía evaluadora que subyace detrás de la misma. No obstante, nos encontramos con que la propia Ley Orgánica pretende dar un serio impulso a la adquisición de competencias clave, que no es otra cosa sino un conjunto de habilidades y capacidades que el alumnado debe poner en práctica en contextos reales. ¿Qué evalúan las pruebas diagnósticas? Todo aquello que está en el extremo contrario, ya que se trata de un examen tradicional, de los de toda la vida. ¿Paradoja casual o ineptitud extrema? Apuesto por lo segundo.

b) Ejecución: ésta es, sin ninguna duda, la gran chapuza de la administración en lo que se refiere a las pruebas diagnósticas. Se plantean como una evaluación externa, pero como resulta que no hay dinero en las arcas del estado para llevar evaluadores externos a todos los centros, nos dictaminan que las realice y corrija un maestro del propio centro. De este modo, no hay ningún control sobre la realización de las prueba. Queda patente que la administración confía en la honradez de los colegios en este aspecto, supondremos que más por necesidad que por convicción, pero en vista de la utilización posterior que se hace de los resultados obtenidos por cada centro, yo os aseguro que se hacen muchas trampas. Enseguida veremos porqué.

c) Utilización de los resultados: y aquí tenemos la gran perversión de los políticos. Nos han querido vender estas pruebas como un instrumento de uso interno, una herramienta que los centros pueden utilizar para detectar sus debilidades y proponer algunas acciones de mejora de cara a los cursos siguientes. Sin embargo, estos resultados se hacen públicos, las familias tienen derecho a conocerlos y se publica un ránking de centros en función de los mismos. ¿Dónde está el problema? ¿Es que los colegios tienen miedo a lo que pueda salir de aquí? Miedo, no. Lo que sucede es que estamos en una época en la que la natalidad ha descendido mucho, y la administración educativa está suprimiendo líneas de todos aquellos centros en los que no se llenan las plazas vacantes, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. De momento, que yo sepa, las familias no están considerando los resultados de las pruebas diagnósticas como un factor determinante a la hora de decidir dónde van a matricular a sus hijos, pero obviamente, nadie quiere arriesgarse a salir perjudicado. Por tanto, ¿qué hacen los colegios? Como no hay ningún control sobre la realización de los exámenes, resulta muy sencillo hacer trampas. Os cuento los diferentes planteamientos ante los que me he encontrado:

– Hay colegios honestos, que ven en estas pruebas una oportunidad para la mejora. Hacen las pruebas con toda honradez, sin que el profesorado interfiera en las respuestas del alumnado y cumpliendo a rajatabla con las indicaciones de la administración. Es posible que el primer año fueran la mayoría, pero poco a poco, han ido disminuyendo.

– También hay colegios que no interfieren en los resultados y dejan que el alumnado conteste libremente, mostrando sus conocimientos reales. Pero, luego, una vez corregidos y vistos los resultados (recuerdo que son los mismos profesores del colegio quienes lo corrigen) eliminan los exámenes que peores notas han obtenido para que no baremen. Suena extraño, pero es posible, porque como no hay ningún control externo, fácilmente puedes registrar que estos alumnos no han asistido a clase el día de la realización de las pruebas, aunque ello no sea cierto.

– Por último (al menos que yo sepa, porque la imaginación humana supera los límites de lo previsible), existen centros que, directamente, les dictan a los alumnos aquello que tienen que poner en cada ejercicio. Suena raro, ¿verdad? Pues es así, confesado “off the record” por los mismos profesores que lo han hecho. Así se aseguran que el colegio en el que trabajan estará en un puesto bien alto en ese ránking de centros que la administración publica anualmente. Como, además, el márketing educativo ha aumentado notablemente estos últimos años, nada mejor que estar en los primeros puestos para lanzar la noticia y vender lo “buenos” que somos. Para que la cuestión resulte todavía más maligna, en esta clasificación puntúan por igual los colegios unitarios en los que solamente asisten seis alumnos que aquellos que tienen cinco líneas y más de mil alumnos. Aparecen por igual los centros públicos situados en barrios marginales que aquellos concertados localizados en barrios residenciales cuyas familias pertenecen a nivel socio económico alto.

En conclusión. ¿Qué credibilidad tienen estos ránkings? Cero. Que nadie saque pecho porque el colegio al que va su hijo ha sacado las mejores notas en las pruebas diagnósticas. Y, por supuesto, que ninguna familia decida dónde va a escolarizar a su hija/o basándose en estos datos. También  me gustaría que nadie culpe ni acuse de nada a los centros, sea cuál sea su actitud ante la evaluación externa. Toda la responsabilidad recae en la administración educativa y en los políticos que proponen estas actuaciones, en primer lugar, por plantear algo absolutamente innecesario y que no aporta nada realmente útil, en segundo por no proponer ningún tipo de control y, en tercer y último lugar, por hacer un mal uso de los resultados obtenidos. Son unos chapuceros absolutos, así que tienen lo que se merecen.