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Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible
La sentencia que anula el ATE de Alcoinnova le pone punto y final a un debate estéril que ha durado 23 años
Javier Llopis, 4/05/2018

La vida está llena de casualidades. El mismo día en que se conocía la sentencia del TSJ anulando el ATE de La Española se cumplían justo 23 años de la firma del convenio entre el alcalde José Sanus y el conseller de Industria Martín Sevilla para poner en marcha una gran área industrial en La Canal; corría un 3 de mayo de 1995 y el nombre de este paraje alcoyano aparecía por primera vez en los periódicos. Dos décadas después y tras una polémica continuada, el más alto tribunal valenciano confirma lo que miles de alcoyanos se temían: no se puede hacer un polígono industrial en un área protegida junto a un  parque natural y en unos terrenos situados sobre el acuífero que aprovisiona a la ciudad. Se cumple la frase lapidaria que acuñó el histórico torero El Gallo: lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.

La sentencia del TSJ tiene una primera consecuencia altamente positiva: va más allá del conflicto concreto de Alcoinnova y le pone punto y final a un debate estéril y agotador, que llevaba paralizando desde hace 23 años cualquier iniciativa de desarrollo industrial de Alcoy. No hay interpretaciones posibles, el fallo del alto tribunal es tan contundente que convierte en una hipótesis inviable cualquier intento de dedicar La Canal a usos industriales.  No caben componendas ni apaños: está ciudad deberá buscar ubicaciones alternativas (que las hay) si quiere poner en marcha algún proyecto de futuro para su potenciar industria.

Aunque la sensación de haber perdido un tiempo precioso en una discusión inútil resulta deprimente, podemos consolarnos con un hecho importante: por lo menos, Alcoinnova no se ha convertido en una segunda Rosaleda ya que la sentencia ha llegado antes de que el proyecto se empezara a ejecutar causando daños irreparables y abriendo nuevos frentes judiciales con un incierto final.

1-Ganadores y perdedores

La Colla Ecologista La Carrasca y el colectivo Salvem El Molinar son, sin ningún género de dudas, los principales responsables de que el TSJ haya paralizado un proyecto que en el texto de la sentencia se describe como una auténtica tropelía ambiental. Han demostrado el músculo de la sociedad civil frente a una administración autonómica que actuó a la ligera y guiada por meros intereses políticos con la declaración de ATE. A estos dos colectivos hay que colocarles todas las medallas por haber frenado una actuación que habría tenido un incontestable impacto negativo sobre la ciudad y que suponía una invasión de sus competencias urbanísticas. Sobre los ecologistas caerá estos días la de pulpo; se les acusará de todas las maldades de este mundo y se les responsabilizará de la ruina total de Alcoy.  Los que opten por la vía del pataleo y de la descalificación deberán tener en cuenta una circunstancia significativa: la sentencia del TSJ no es un comunicado firmado por un grupo de radicales conservacionistas, es un texto jurídico lleno de argumentos perfectamente razonados suscrito por unos magistrados que forman parte de  la más alta instancia judicial de la Comunitat Valenciana.

Derrotados por doloroso KO quedan el PP y los defensores de la iniciativa industrial de La Española. Especialmente tocada queda la actual presidenta del partido Isabel Bonig,  consellera de Territorio y máxima responsable de la aprobación del ATE en 2014. Esta dirigente política, que no ha dudado en usar reiteradamente el caso Alcoinnova en sus ataques contra la política económica del Consell de izquierdas, deberá responder a una pregunta muy incómoda: ¿si este proyecto era tan importante para el desarrollo industrial de Alcoy y de toda la Comunitat, porqué su Conselleria lo tramitó de forma tan chapucera?. La sentencia no ofrece ninguna duda al respecto, la declaración de ATE del Consell del PP era un auténtico bodrio lleno de errores de bulto. Interrogantes muy parecidos se tendrán que contestar desde el PP local y desde Cs, que convirtieron esta obra en monotema de su propuesta económica.

Por lo que respecta al actual gobierno municipal de Alcoy, su situación podría resumirse con la expresión lo comido por lo servido. La victoria de los ecologistas en un asunto en el que fracasaron los poderosos servicios jurídicos municipales hará que Toni Francés tenga que enfrentarse durante unas semanas a las previsibles acusaciones de falta de entusiasmo y de tibieza frente a la iniciativa de La Española. Sin embargo, la decisión del TSJ les ha resuelto a los socialistas un grave problema, ya que saca fuera de la agenda política un tema lleno de aristas y cierra por la incontestable vía judicial una polémica envenenada que les podía provocar fuertes desgastes políticos.

2-La empresa

Para La Española se queda el  papel de víctima. La firma aceitunera está pagando muy caro el error de haber asociado el futuro de un importante proyecto empresarial con una administración, la Generalitat del PP, que no dio la talla y que no supo poner las bases correctas para convertir en realidad una actuación que lleva cuatro años dando tumbos por consellerias y juzgados y que al final se ha estrellado con el TSJ. La figura urbanística del ATE, impulsada por el Consell del PP, se ha mostrado como un perfecto fiasco y ahí está también el frustrado proyecto de Rabasa en Alicante para ratificarlo. Tampoco ha sabido la empresa enganchar a su proyecto a la opinión pública alcoyana, generando rechazo en amplios sectores de la población. Las próximas decisiones de la promotora del parque tecnológico dejarán muy claros cuáles eran sus objetivos reales: si negocia con el Ayuntamiento una ubicación alternativa para sus fábricas recogiendo el guante lanzado por el alcalde, quedará demostrado que estábamos ante un proyecto industrial que respondía a unas necesidades reales de la firma; si decide tirar la toalla o meterse en una inacabable espiral de recursos judiciales, se confirmarán las denuncias de que todo esto era una mera operación de especulación inmobiliaria.

3-El futuro

La resolución del TSJ tiene una virtud inesperada: pone a cero el contador de las políticas de promoción de suelo industrial de Alcoy, que llevaban años bloqueadas por el conflicto de la Canal en todas sus versiones.  Además de ofrecerle una alternativa factible a Alcoinnova, ha llegado el momento de tratar el asunto como lo que es: un tema de Estado. Después de dos décadas de inútiles enfrentamientos políticos, es exigible un esfuerzo de consenso y de confluencia por parte de todos los partidos del Ayuntamiento  para poner en marcha medidas que estén acompañadas por la unanimidad y por la visión a largo plazo. La “broma” de la Canal había sobrepasado todos los límites de la lógica y esta ciudad ya ha perdido demasiado tiempo con esta tristísima historia.

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