Los muertos de las residencias privadas de la Comunidad de Madrid ocupan páginas y páginas en la prensa nacional y llenan centenares de horas de tertulia en las teles y en las radios. Los muertos del geriátrico de Oliver ven pasar el tiempo en medio de un silencio casi absoluto, sin que nadie sepa explicar por qué demonios nuestros ancianos empiezan a parecer víctimas de segunda categoría.
Vale la pena volver la vista atrás y recuperar viejas crisis sanitarias locales, como el Caso Ardystil y los 16 brotes de legionela. Resulta chocante comprobar como aquellos temas (con un número de víctimas mortales sensiblemente inferior a las 73 registradas en el Hospital de Oliver) merecieron insistentes debates políticos, comisiones parlamentarias de investigación y un proceso de denuncias que se prolongó durante años. El contraste resulta atronador y de él cabe sacar una lección muy deprimente: los partidos y la sociedad han perdido pulso crítico y son capaces de digerir con normalidad una situación que hace un par de décadas habría generado un escándalo de grandísimas proporciones.
En un estremecedor artículo publicado en El Nostre, el periodista Ramón Climent pone el foco sobre la importancia real del drama de Oliver y no duda en calificarlo como “la mayor tragedia alcoyana de los últimos cien años”. Utiliza esclarecedores números para justificar esta contundente afirmación y a título de ejemplo, nos recuerda que durante los 7 bombardeos que sufrió Alcoy durante la Guerra Civil murieron 64 personas, nueve menos de las que han muerto en el geriátrico. La matemática resulta especialmente dura si la aplicamos a las estadísticas comparativas de la pandemia: en este centro asistencial privado murieron el 52% de los internos y en el recinto se produjeron el 90% del total de fallecimientos del coronavirus en Alcoy.
Ante datos como estos, es muy difícil de explicar el anómalo estado de indiferencia que parece reinar sobre el tema en algunas de nuestras instituciones. Faltan reacciones claras y ejemplificadoras de la Conselleria de Políticas Inclusivas, encargada por ley de controlar la calidad de la atención recibida por los ancianos ingresados en un centro cuya gestión ha sido cedida a una empresa privada. Hay que buscar con lupa declaraciones sobre este asunto de la habitualmente locuaz Mónica Oltra. El propio alcalde de Alcoy, en una entrevista publicada este domingo, acusaba al departamento de la vicepresidenta de falta de implicación. Por lo que respecta a la Conselleria de Sanidad, ha difuminado el problema de Oliver dentro del capítulo general de consecuencias del coronavirus, dejando que la líder de Compromis lidie con los detalles de una situación que exige explicaciones particulares al margen del resto de la pandemia. Tampoco (todo hay que decirlo) se está produciendo ningún despliegue de actividad por parte de los diputados autonómicos de esta zona.
Paradójicamente, el debate sobre los muertos de Oliver ha quedado reducido a un ámbito que carece de competencias sobre el tema: la política municipal. Con la mirada puesta en las cúpulas de València, los partidos alcoyanos están actuando con un exceso de prudencia ante una cuestión que exige acciones muy visibles y muy contundentes. Se acusa al gobierno socialista de ponerse de perfil, se acusa a determinados grupos de la oposición de oportunismo y se acusa a otros de propinar suaves pellizcos de monja ante una crisis de una envergadura nunca vista. Hay también clamorosos silencios y en general, se echa de menos una postura común para exigirle a la administración autonómica explicaciones y soluciones para una tragedia que ha puesto el nombre de Alcoy en todos los telediarios de España.
Si a este panorama político le añadimos una opinión pública anestesiada por la acumulación de acontecimientos graves registrados por la pandemia y unos medios de comunicación atenazados por una brutal crisis económica, el resultado es descorazonador: los familiares de los fallecidos de Oliver están más solos que la una a la hora de exigir que alguien les explique qué pasó allí dentro durante aquellos días malditos y quién tiene la culpa de la brutal quiebra de este modelo asistencial. Se enfrentan a un combate de David contra Goliat, ya que la empresa concesionaria (un potente fondo de capital riesgo) utilizará todas sus armas legales y económicas para sacarse de encima cualquier responsabilidad, argumentando que lo que pasó en el centro era inevitable (una especie de catástrofe natural) y llegando si hace falta (como se ha hecho en otras comunidades) a culpar a la sanidad pública de sus innegables deficiencias asistenciales.
El respeto a la memoria de esos 73 ancianos muertos, la necesidad de que sucesos tan terroríficos no se vuelvan a repetir y la vergüenza patriótica que provoca una avería tan grande en el sistema exigen un drástico cambio de actitud por parte de los alcoyanos. Los partidos y la ciudadanía de a pie deben pararse a reflexionar, analizar con perspectiva este drama y poner en funcionamiento todos los mecanismos democráticos existentes para aclarar hasta el último detalle de esta tragedia alcoyana, evitando que el apaño de un olvido interesado se convierta en un motivo de vergüenza colectiva para todos.
