Tenemos todo el derecho del mundo a felicitarnos por la noticia de que la línea férrea Alcoy-Xàtiva vaya a recibir la mayor inversión de su historia, 84 millones de euros. Tras casi 40 años de milongas y de compromisos incumplidos, estamos en condiciones de celebrar el hecho de que esta vez la cosa parece que sí va en serio: los trabajos están adjudicados y empezarán antes de que acabe el año. Las autoridades responsables (en este caso el gobierno central del PSOE) están perfectamente facultadas para sacar pecho y para ponerse medallas, al cumplir un requisito innegable: haber actuado con efectividad donde otras administraciones han escurrido el bulto.

Cubierto el obligado capítulo de los parabienes, toca hacerse una pregunta: ¿la ejecución de este proyecto millonario acaba de forma definitiva con todos los problemas de este tramo ferroviario?. La respuesta es un contundente e inequívoco no. La millonada que nos cuesta la reforma integral de toda la infraestructura del tren no estaría completamente rentabilizada si no se viera acompañada de un plan para aumentar las frecuencias de los viajes, para suprimir los transbordos en Xàtiva y para potenciar a través de todo tipo de iniciativas promocionales la apuesta por este medio de transporte ecológico y sostenible. Modernizar el tramo y reducir el tiempo del trayecto son dos pasos imprescindibles, pero no bastan para sacar del agujero a una línea ferroviaria que lleva décadas vegetando en los territorios de Zombieland.

Una cosa sí que está diametralmente clara: por primera vez en casi medio siglo, los habitantes de estas comarcas estamos ante la oportunidad real de invertir la situación de está maltratada línea ferroviaria para convertirla en un servicio público digno y útil. Confirmada la reforma integral del tramo, toca reclamar un plan estratégico que haga posible su inserción dentro de un sistema ferroviario moderno con unos tiempos de trayecto que no conviertan el viaje a València en una aventura decimonónica. Las instituciones políticas, económicas y sociales de estas comarcas están ante la obligación de coger esta bandera reivindicativa y cometerían un gravísimo error si se dieran por servidas con los 84 millones de inversión.