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Punto de vista
“En nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución”
El Supremo entierra definitivamente el proyecto Alcoinnova
Javier Llopis, 5/06/2020
FOTO: PACO GRAU

“En nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución”. Con esta frase protocolaria y solemne encabeza el Supremo el texto del fallo judicial con el que se entierra de forma definitiva el proyecto de La Española para construir una gran área industrial y de servicios en la zona de La Canal. El más alto tribunal del Reino le pone el punto y final a un proceso que ha mostrado lo mejor y lo peor de esta ciudad: por una parte, la existencia de una sociedad civil potente capaz de frenar un auténtico atentado al territorio y por la otra, la pervivencia de amplios sectores de la política y de la economía locales, convencidos de que en pro de un extraño concepto del desarrollo se pueden cruzar sin problemas todas las líneas rojas de la legalidad.

Aunque la sentencia del TSJ dejaba clara la anulación de la ATE para construir Alcoinnova, el auto del Tribunal Supremo –emitido en plena alarma del coronavirus- despeja cualquier duda existente en torno al asunto: el plan urbanístico de la empresa aceitunera, apoyado por el PP por Cs y por numerosas instituciones económicas y patronales alcoyanas, incumplía la legalidad y era  inviable en la condiciones en las que se presentó. El camino judicial queda cerrado para siempre y hay que dejar de considerar este paraje como  un posible escenario de expansión industrial para Alcoy.

Es el momento para los balances. Toca destacar el éxito obtenido por La Carrasca y Salvem El Molinar, convertidas ambas entidades en ejemplo de una sociedad civil capaz de movilizarse y de montar sólidas estrategias jurídicas para frenar una propuesta, que a la vista de todas las resoluciones judiciales suponía una agresión al paisaje. Subrayar que ambos colectivos han hecho este camino prácticamente en solitario y sufriendo las peores presiones políticas. Además de afrontar esta batalla desigual contra unos oponentes todopoderosos, estos dos grupos han tenido que enfrentarse un día sí y el otro también a una insidia especialmente repugnante: la versión sesgada de los defensores del ATE convertía en enemigos de Alcoy a unas personas que lo único que exigían era el estricto cumplimiento de la ley y la paralización de un proyecto privado que, como han confirmado los tribunales, lesionaba gravemente los intereses de toda una comunidad.

Mientras la sentencia del Supremo todavía está calentita en las redacciones, habría que exigir algún tipo de disculpa a las personas que obsesivamente convirtieron el ATE de La Española en la única salida de futuro para la economía de Alcoy. En primer lugar, deberían pedir perdón por la magnitud de la chapuza: una iniciativa estratégica de este calado no puede presentarse con unos armazones legales tan deficientes; al fin y al cabo, el dispositivo del ATE ha sido desmontado judicialmente por un grupo de personas voluntaristas que le roban horas a su tiempo libre para luchar contra este tipo de desmanes y que no tiene nada que ver con los lujosos bufetes de abogados. En segundo lugar, los partidos y las instituciones económicas defensoras de plan para La Canal tendrían que entonar algún tipo de mea culpa por haber apostado toda su política de promoción económica a un proyecto tan endeble y por haber cantado con tanta pasión las excelencias de una mercancía urbanística que presentaba todo tipo de averías. Algún tipo de penitencia tendrán que pagar también esta gente por haberle hecho perder a Alcoy cerca de seis años, generando una situación de inseguridad que frenaba cualquier plan para futuros proyectos industriales.

Por lo que respecta a la empresa, La Española está pagando el peaje de haber asociado sus legítimos intereses de expansión a un partido, el PP valenciano, cuya política urbanística suponía en la mayor parte de los casos un paseo por el lado peligroso de la legalidad. Si a esto le añadimos una incapacidad absoluta para tejer consensos y para comunicarse con la sociedad alcoyana, el resultado es doblemente negativo. Como a las otras víctimas de los numerosos  ATEs fallidos de la etapa popular, a la firma aceitunera le queda el último recurso de exigirle responsabilidades económicas al Consell por la paralización de un proyecto que contaba con todas las bendiciones del gobierno autonómico que lo aprobó. Hay que recuperar de los archivos las encendidas defensas que la entonces consellera Isabel Bonig hizo del plan Alcoinnova y sería de chiste que sus sucesores en el cargo (totalmente contrarios a este tipo de remanguillés urbanísticas) tuvieran que pagar ahora las consecuencias de su falta de visión con el dinero del contribuyente.

Esta historia de despropósitos se cierra con dos conclusiones bien definidas. La primera es que si era tan importante el proyecto de Alcoinnova, ¿porqué se hicieron las cosas tan mal?. Y la segunda señala que bienvenida sea cualquier iniciativa urbanística de inversión privada siempre que ésta se ajuste a la legalidad. Las dos afirmaciones las han dejado claras los magistrados del mismísimo Tribunal Supremo, que no son precisamente una banda de ecologistas radicales.

 

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COMENTARIOS

  1. Ximo cardenal says:

    Enhorabona i moltes gràcies per l’article tant encertat sobre l’anul·lació de l’ATE Alcoinnova.
    M’agradaria fer dues consideracions
    1. Hem guanyat, perquè teníem la raó i aquesta vegada els jujes ens l’han donada, per via judicial a La Española però també al Govern valencià del PSOE i Compromís que han estat sempre ambigus en aquest tema.
    2.Hem salvat un espai de la màxima protecció ambiental europea i un l’aqüífer especial d’aigüa tan bona i imprescindible per a la vida actual i futura d’Alcoi.

  2. Emfamal El Oudret says:

    La Española: quins tejemanejes porteu amb la vostra filial Biopartner, i que té que veure amb l’interés d’Alcoinnova? (com expliqueu la desbandada de personal els últims 6 mesos??)

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