Ladrillo a ladrillo, con una habilidad sibilina, nos han ido desmontando el estado del bienestar ante nuestras propias narices. En cuestión de unos pocos años, conceptos como la estabilidad laboral han desaparecido de nuestro vocabulario; las promociones de viviendas sociales se han convertido en una reliquia arqueológica y acceder a un piso digno en el que vivir es un lujo prohibitivo; algo tan básico como la atención a nuestros mayores se ha transformado en un floreciente negocio para misteriosos fondos de capital/riesgo y llevar a nuestros hijos a la universidad es una opción de riesgo para las economías familiares. En medio de este desolador panorama (hay muchos más ejemplos, si uno los busca), sólo hemos conseguido salvar una cosa: la sanidad pública; la joya de la corona de un viejo y deteriorado dispositivo igualitario, que a trancas y barrancas ha resistido los embates de una pandemia mundial y los letales ataques de un floreciente sector sanitario privado, decidido a hacer caja con nuestra salud.
Bajando de lo general a lo local, se puede afirmar que Alcoy se ha convertido en un perfecto ejemplo de este extraño estado de cosas. Tras protagonizar un heroico proceso de contención de la pandemia y tras ejecutar un ejemplar plan de vacunaciones contra el covid, nuestra sanidad pública se enfrenta a un marasmo denunciado por sus propios profesionales con una incontestable batería de datos estadísticos. Listas de espera interminables, falta de personal y servicios al borde del colapso son los ejes centrales de una movilización, que se plasmará el próximo día 13 en una gran manifestación a la que se convoca a toda la ciudadanía. Simultáneamente (no es una casualidad), mientras en las pancartas se anticipa “la muerte del Área de Salud de Alcoy” un grupo privado anuncia la construcción de un hospital y de un centro de especialidades, en un proyecto empresarial de una envergadura económica inédita, que tiene un claro objetivo: hacer dinero, ofreciendo una alternativa privada a una sanidad pública con sus potencialidades muy mermadas.
Nos enfrentamos a una paradoja difícil de explicar: la misma infraestructura sanitaria pública que aplaudíamos desde los balcones en los peores días de confinamiento se ve ahora seriamente amenazada y en vez de recibir apoyos, sufre en sus propias carnes los efectos del desastre general en el que se han visto sumidas las arcas de todos los gobiernos tras atender los múltiples frentes abiertos por la crisis del covid. Para desentrañar este misterio, vale la pena olvidarse de las teorías políticas y mirar hacia nosotros mismos. En Alcoy y en el resto del país hay varias generaciones de afortunados ciudadanos que consideran que la atención sanitaria pública es un derecho adquirido e inamovible, que está ahí para siempre.
Estamos ante dramático ejemplo de ceguera colectiva. La realidad de este perro mundo neocapitalista nos demuestra que nada está a salvo de la voracidad de unas empresas que han encontrado en los servicios públicos un filón inagotable y seguro para conseguir grandes ganancias. La historia de las últimas décadas está llena de derrotas, en las que han caído servicios tan básicos como la gestión del agua o la recogida de basuras. La propia sanidad pública valenciana ha vivido privatizaciones salvajes en comarcas como la Ribera, la Vega Baja y la Marina Alta, revertidas ahora en parte en una de las más arriesgadas y encomiables iniciativas de la Generalitat de Ximo Puig. Periodistas alcoyanos tuvieron en sus propias manos detallados proyectos del PP para poner nuestra área de salud en manos de poderosos grupos empresariales valencianos, que finalmente se frustraron por el cambio de color político en el Consell.
Con pandemia o sin pandemia, con gobiernos de derechas o de izquierdas, el peligro estará ahí para siempre. La única forma de conjurarlo es un drástico cambio de mentalidades y de prioridades. Hay que olvidarse de que el derecho a recibir una atención sanitaria pública y gratuita es una especie de don divino, que nos ha sido otorgado graciosamente por los siglos de los siglos. En el futuro más inmediato, sólo podrán disfrutar de este exitoso sistema asistencial aquellas sociedades que hayan sabido defenderlo. Los inconscientes que den la batalla por ganada se condenarán a vivir en el terrible paisaje que se contempla en la mayor parte del mundo occidental: una sanidad bien dotada para ricos y una sanidad de beneficencia para pobres.
La presión social, ejercida con rigor y contundencia, es la única manera de asegurar la supervivencia de un modelo sanitario más justo y democrático. El Área de Salud de Alcoy estará salvada el día en que movilice tantas multitudes indignadas como las grandes manifestaciones de reivindicación del tren Alcoy-Xàtiva o como la marcha del «22,23 y 24. Sempre». El Área de Salud de Alcoy estará salvada el día en que los habitantes de estas comarcas la coloquen en la lista de asuntos prioritarios de nuestros políticos. Mientras no se produzca este profundo cambio, siempre pesará sobre nuestras cabezas la espada de Damocles de un sector público en perpetuo retroceso generando grandes oportunidades para unas empresas decididas a hacer negocios con temas tan importantes como la salud, la vida y la muerte de las personas.
Por todo esto y mucho más, hay que estar el día 13 en la manifestación de la plaza de España.
