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Punto de vista
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En la proposta de modificació dels estatuts que fa la directiva de l’Associació de Sant Jordi es pot llegir el següent: “Artículo 49 – Se establece como prohibiciones de carácter general  […]  C.- Que el fester utilice el traje oficial de su Filà que no corresponda a su género.”
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Eixos penjats que escriuen
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En torno a los peligros del Síndrome del Sumby
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¿Por qué se ha modificado nuevamente la ley de educación?
El Decano de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València reflexiona sobre los motivos de la última modificación de la ley de educación.
Manuel Monfort, 8/12/2013

¿Por qué se ha modificado nuevamente la ley de educación? ¿Esta nueva ley mejorará la educación de los que serán los responsables de nuestro futuro?, ¿nos garantiza la educación en igualdad de condiciones y oportunidades para todos?, ¿facilita el desarrollo profesional de los maestros y profesores, responsables más directos de la educación? ¿Qué concepto de la educación emana de esta nueva propuesta?

Parece inocente pensar que hay motivos más allá de los ideológicos en una modificación de la ley de educación con la que sólo está de acuerdo el Partido Popular en el poder y con la que la totalidad de los profesionales del sector, maestros y maestras, profesores y profesoras, han mostrado su desacuerdo.

Sin embargo, con el fin de interpretar hacia dónde nos conduce esta nueva ley, quisiera profundizar en uno de los motivos expresados en el desarrollo de la misma que justifican esta modificación.

De la lectura del documento se extrae que el argumento de mayor peso se sustenta en interpretaciones estadísticas de pruebas cuantitativas tipo test que realizan los estudiantes (PISA) y estudios socio-económicos procedentes de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de la OCDE y del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. A través de los datos recogidos con estas pruebas los estudios referenciados argumentan un estancamiento de los valores alcanzados por nuestros estudiantes con promedios por bajo de la media de los países de la OCDE cuyo origen está fundamentalmente, según este tipo de estudios, en la LOGSE.

Realizando un análisis superficial del origen de los datos que fundamentan el estudio de la situación actual del sistema educativo, lo primero que se observa es la ausencia de estudios desarrollados desde una perspectiva educativa. ¿Por qué la mayoría de los estudios e informes utilizados están firmados por economistas o avalados y difundidos por revistas, organismos o fundaciones económicas?¿Acaso los problemas del sistema educativo son problemas de origen económico? Me surge la duda sobre las intenciones de esta ley, no tengo claro si a lo que se pretende dar respuesta es a problemas educativos o simplemente a problemas económicos. No puedo imaginar que la restructuración del sistema bancario estuviese basada exclusivamente en análisis desarrollados por médicos, maestros o críticos de arte. Sin duda, sus informes serían creativos, literarios e incluso didácticos pero difícilmente consistentes desde un punto de vista profesional.

Si a esta base débil sobre la que se sustenta la propuesta recientemente aprobada de la nueva ley educativa le añadimos la audiencia marginal que el sector educativo ha tenido en su desarrollo, nos encontramos frente a una propuesta de origen dudoso. Algo tan evidente parece haber sido percibido por la totalidad de los partidos políticos de la oposición que han firmado un acuerdo para derogar la ley que ha sido aprobada unilateralmente, si se produce un cambio de gobierno en las próximas elecciones, pero esta cuestión está por ver.

Profundizar en los estudios y motivos utilizados para sustentar la propuesta de la LOMCE significa analizar los procedimientos de extracción de datos, su interpretación y sus consecuencias. Así, todo estudio que tenga aspiraciones de ser considerado un estudio serio, debe tener la intención de responder preguntas sin prejuicios previos y debe utilizar instrumentos de medida válidos y fiables.

Para comenzar, parece haber una falta de coherencia cuando relacionamos el motivo fundamental de la modificación de la nueva ley, el estancamiento de los resultados de los estudiantes en las pruebas PISA y las medidas tomadas al respecto, como las pruebas diagnósticas al finalizar ciclos, unas pruebas de evaluación finalista, lo que en educación llamamos una evaluación técnica de producto. No puedo comprender cómo una cosa mejorará la otra. Aquí es donde comienzan mis grandes dudas. No alcanzo a comprender cómo unas pruebas diagnósticas, que se realizarán por evaluadores externos, van a hacer que nuestros estudiantes mejoren en sus aprendizajes, reciban una mejor educación durante su periodo de estudios o cómo mejorarán las metodologías de enseñanza de los profesores. Lo que sí puedo entender es lo que ha sido narrado por otros responsables de sistemas educativos, como el de EEUU, que ya han probado a poner en marcha un sistema basado en las pruebas diagnósticas.

Diane Ravitch, profesora investigadora de la Universidad de Nueva York e historiadora de la educación, que trabajó para el gobierno americano bajo el mandato de Bush y de Clinton, describe en su libro “Vida y muerte del gran sistema escolar americano…” cómo la ley americana denominada “No children left behind” en su aplicación experimental fue un fracaso. Lo único que promovió esta ley fue que las escuelas entrasen en una batalla de competitividad para mejorar los resultados. Los centros educativos, como no podía ser de otra forma, impulsados por el deseo de aparecer con buenas marcas en los ranking y recaudar así más ayudas estatales, comenzaron a preparar de forma específica las pruebas diagnósticas. En esta carrera hacia ninguna parte las escuelas acabaron siendo dirigidas por un listado de clasificación y abandonando el cumplimiento del currículum y de las necesidades educativas de los estudiantes. Más que fomentar la cultura de esfuerzo, esta ley fomentó la cultura de la discriminación y de la trampa. Los estados, los distritos y las escuelas con atribuciones en las pruebas de evaluación se han visto sumidos en escándalos por manipulación de éstas y de sus resultados. Las escuelas dificultaban el acceso de los estudiantes menos cualificados a sus centros y cuando esto no era posible los excluían de las evaluaciones sacándolos de sus resultados. Las escuelas públicas, a diferencia de las privadas, están obligadas a recoger a los estudiantes que solicitan acceso si tienen plaza, con lo que los estudiantes con mayores dificultades acaban concentrados en ellas y los estudiantes con mayor rendimiento y medios económicos en las escuelas privadas con mejores calificaciones.

Con el transcurso del tiempo esta situación supone un deterioro exponencial de la educación pública como consecuencia de la mala financiación, el constante cambio de profesorado que es despedido por no alcanzar los estándares requeridos en los resultados de sus estudiantes y con estudiantes de bajo rendimiento pertenecientes habitualmente a estratos socioeconómicos marginales. Pero no podemos pensar que esta situación sólo es perjudicial para la escuela pública. Esta segregación del sistema es también un problema para la escuela privada que desarrolla una educación descontextualizada de la realidad en la que van a vivir sus estudiantes, y sobre todo es un problema para la sociedad ya que lo que es en un negocio para la empresa privada se transforma en un problema estatal de segregación y exclusión social de consecuencias complejas y difícil de afrontar, incluso con una nueva ley de seguridad ciudadana represiva.

Con experiencias previas como éstas es difícil pensar que, por muchas advertencias que aparezcan en la nueva ley sobre la “función formativa y diagnóstica” de las pruebas, o que éstas “deberán excluir la posibilidad de cualquier tipo de adiestramiento para su superación”, estas evaluaciones “consigan que ningún alumno encuentre ante ellas una barrera infranqueable”. Lo que en la ley se ofrece como una forma objetiva de dirigir a los estudiantes hacia itinerarios adecuados a sus posibilidades acabará siendo una limitación más para aquellos estudiantes que están socialmente marginados por la situación socioeconómica y cultural de su entorno.

Parece que todos los grandes estadistas y economistas confieren gran fiabilidad a las pruebas PISA, pero lo que éstas miden no tiene relevancia única en la educación. Es cierto que existen trabajos, que no son concluyentes en su relación causa-efecto en el ámbito educativo, que relacionan mejores resultados en las pruebas PISA con tener en sus modelos educativos las pruebas diagnósticas de final de etapa. Sin embargo, en estas pruebas que evalúan competencias no se está midiendo la eficacia de los modelos educativos, la acción de los maestros y profesores o la adecuación de los currículos oficiales. Aquí se está valorando una cifra que cuantifica lo que es capaz de saber hacer un estudiante en un momento determinado sin tener en cuenta que la educación es mucho más.

No quiero decir con esto que las evaluaciones PISA no sean de interés sino que tienen un interés orientativo de lo que saben hacer los estudiantes, pero nunca deberían ser el motivo exclusivo de orientación de la modificación de un sistema educativo que tiene una finalidad más amplia. Este problema sobre la fuente fundamental que soporta el cambio y construcción de la nueva ley es un problema de validez. La información procedente del informe PISA jamás debería ser un estándar para medir la eficacia o calidad de un sistema educativo, ya que éste es un constructo mucho más complejo que no mide PISA. Así, en los últimos resultados del informe PISA 2012 vemos que los países asiáticos obtienen las mejores puntuaciones, pero también sabemos que los estudiantes en estos países están sometidos a una gran presión y que el índice de satisfacción o felicidad de sus estudiantes es muy bajo teniendo los índices de suicidio más elevados entre los jóvenes en edad escolar por motivos de rendimiento. Como bien sabemos los educadores, la formación de los seres humanos no es cosa de un día ni de cuánto sabe.

De este análisis se desprende con claridad que su objetivo dista mucho de procurar mejorar la educación pública que necesitamos, la educación autodeterminada, la educación en la igualdad de oportunidades, la educación en la diversidad, la educación en la autonomía personal y para desarrollo del sentido crítico, lo que primará es una educación que lejos de pretender formar seres humanos formará seres más competitivos y eficaces en el cumplimiento de los estándares normalizados que responden a necesidades del mercado. Esta ley promoverá la educación de élite para aquellos con más posibilidades económicas y con más condiciones para reproducir modelos preconcebidos. Sobre todo esta ley facilitará la perdida de la independencia de uno de los capitales más importantes que poseemos los seres humanos, uno de los fines más importantes de una civilización en manos de los poderes económicos del libre mercado, la mercantilización de los derechos fundamentales de las personas, su educación.

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COMENTARIOS

  1. Rosana Corral says:

    Un artículo estremecedor, no me imaginaba hasta qué punto las cosas pueden empeorar en educación. Un comentario muy esclarecedor y que ilustra muy bien con qué facilidad se cosifica todo, se mercantiliza lo intangible: la felicidad, el amor, ahora también la educación. Me ha traído a la cabeza la congoja de mi antiguo profesor de filosofía, que me confesó este año cómo, al jubilarse, se remplazaban su asignatura por la de economía.
    Enhorabuena al autor.

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