Veinte años de debates estériles, de increíbles cambios de postura política, de acumulación de informes técnicos y de bloqueo total de la creación de suelo industrial en Alcoy. Esta es la triste historia del proyecto de polígono de la Canal: una iniciativa de la época de Sanus, que ha sobrevivido indemne el paso tiempo y que ahora amenaza con acabar con los últimos restos del gobierno de izquierdas de la ciudad. Ésta es la crónica de este singular proceso, acompañada por las imágenes de Paco Grau.
Esta extraña historia empezaba un miércoles 3 de de mayo de 1995 (en pleno periodo electoral) en los salones de la Alcaldía de Alcoy. El conseller de Industria de la época, el socialista Martín Sevilla, firmaba un convenio con el alcalde, el también socialista José Sanus, para desarrollar una gran área industrial de un millón de metros cuadrados en la zona de la Canal. El proyecto, que tenía un coste de mil millones de pesetas, presentaba como gancho principal la estratégica ubicación de los terrenos: situados junto a la salida del Barranc de la Batalla en una zona que se beneficiaría de las mejoras de comunicaciones de la futura autovía, que todavía tardaría casi una década en llegar. Se hablaba de un polígono de vanguardia, en el que se combinarían los usos tradicionales con los de parque empresarial. En un alarde de optimismo, las autoridades de la época anunciaron que esta nueva infraestructura estaría en funcionamiento “en el primer trimestre de 1996”.
En su arranque, el proyecto aparecía rodeado de unanimidades y de un ambiente de satisfacción general. Manuel Pérez Payá, portavoz del PP, expresaba su apoyo a la iniciativa socialista, afirmando que “es un logro por el que he estado luchando durante cuatro años”. Paco Valor, concejal y candidato de EU a la Alcaldía, hacía una valoración inicialmente positiva, pero ponía unos matices, que vistos desde la distancia de los años, han tenido un carácter profético: “hay que tener en cuenta que el polígono estará encima del manantial del Molinar y por lo tanto queremos todas las garantías de que no tendrá repercusiones sobre el mismo ni sobre las sierras de Els Plans y la Font Roja”. Sólo una voz rompió este sentimiento de unanimidad, la del candidato del PP a la Alcaldía, Miguel Peralta; un político todavía en fase de rodaje, que había desplazado a Pérez Payá de la cúpula popular y que no dudó en calificar de “tomadura de pelo” el proyecto industrial.
Peralta, ecologista radical
Los planes para convertir la Canal en el gran eje del desarrollo industrial alcoyano chocaron frontalmente con los cambios políticos, que se produjeron en la Comunitat Valenciana a lo largo de aquel 1995. La victoria de Zaplana en la Generalitat se tradujo en el bloqueo de este proyecto socialista. El primer director general de Industria del PP calificaba de “inviable” esta actuación, afirmando que se habían sobredimensionado las previsiones de suelo. Asimismo, el mandatario popular planteaba la necesidad de optar por los polígonos comarcales mancomunados.
Los aires de cambio radical también soplaron desde el PP de Alcoy. Durante los cinco años que estuvo en la oposición, Miguel Peralta torpedeó esta infraestructura con todo tipo de ataques y maniobras políticas. Los populares alcoyanos alcanzaron su zenit con la presentación de un informe en el que se denunciaban graves riesgos ambientales y para el acuífero del Molinar. Este documento, que podría estar firmado perfectamente por la Colla Ecologista la Carrasca, contenía perlas como las siguientes: “todas las ubicaciones que se barajan están aguas arriba del principal acuífero que abastece la ciudad de Alcoy, El Molinar, con el consabido riesgo de contaminación que esto representa. Hoy en día, la tecnología ha avanzado mucho y puede darse solución a este problema, pero ¿porqué arriesgarse a esta fórmula si existen alternativas mejores?”, “la gran proximidad al parque natural de la Font Roja, que aunque en su vertiente sur-este no es de tanta belleza como la zona de umbría, sí que representa una zona importante, y sobre todo, frágil. Cualquier alteración, por pequeña que sea, puede ocasionar secuelas muy graves y duraderas en el tiempo, puesto que la naturaleza tiene grandes problemas de regeneración” y en las conclusiones “a la vista de las consideraciones expuestas anteriormente todas ellas preocupantes, y escasamente contempladas en los estudios preliminares, sugerimos el estudio de otras zonas donde ubicar el nuevo polígono industrial de Alcoy”. Dicen las malas lenguas, que el autor anónimo de este rotundo dictamen fue recompensado posteriormente con un suculento puesto político de designación directa del que disfrutó durante cerca de una década.
Conversiones espectaculares
El tira y afloja entre Ayuntamiento y Consell se mantuvo hasta el año 2000, fecha en la que el Partido Popular asumió la Alcaldía de Alcoy de la mano de Miguel Peralta. A partir de esos momentos, se inicia una etapa de espectaculares conversiones. La más significativa es la del propio PP, que sin dar grandes explicaciones pasa desde el rechazo absoluto a convertir el polígono industrial de la Canal en el tema central e innegociable de su política de desarrollo económico. Los socialistas, ya sin Sanus, dan otro golpe de timón y se pronuncian radicalmente en contra de esta ubicación y en todas las campañas electorales –desde la de Amando Vilaplana a la de Toni Francés, pasando por la de Patri Blanquer- ofrecen soluciones alternativas con un menor impacto ambiental y sin riesgos para el acuífero. El proyecto entra en una fase de fuerte politización, ya que desde la derecha se apoya sin fisuras el polígono y desde la izquierda se expresa un rechazo frontal. Se crea un sólido movimiento ciudadano, la plataforma Salvem El Molinar, que canaliza el malestar contra este polémica infraestructura.
A lo largo de los once años de mandato popular, el debate sobre la Canal llena miles de páginas en los periódicos sin que el proyecto registre el más mínimo avance. Es la que podríamos denominar etapa de los estudios técnicos. Decenas de organismos públicos y privados –desde consellerias, a universidades, pasando por empresas consultoras- emiten informes sobre el futuro polígono, cuya interpretación da lugar a fortísimas discusiones entre el gobierno popular y la oposición de izquierdas. Se trata de toneladas de documentación, en las que se llega a dos conclusiones diferentes: numerosos estudios rechazan directamente la construcción de un área industrial en la Canal y en el resto, se considera posible el proyecto, aunque se establecen restricciones muy fuertes a la actividad productiva y medidas preventivas de alto coste económico. Conceptos técnicos, como el vertido cero, saltan a la luz pública y acaban convirtiéndose en expresiones habituales del lenguaje político de la ciudad.
Desde las filas del PP se hace una defensa numantina de la Canal y Jorge Sedano llega a cerrar su último vídeo electoral con un pequeño discurso pronunciado en este paraje. A pesar de esta rotundidad de planteamientos y de calificar la obra como urgente y prioritaria, los populares no logran culminar ni un solo trámite administrativo del proyecto de polígono durante sus once años en la Alcaldía. A lo largo de más de una década, los gobiernos de la derecha anuncian diferentes soluciones para la zona que van desde su inclusión en el PGOU a la aplicación de tratamientos especiales, sin que ninguna de ellas llegue a cuajar en hechos concretos. La falta de apoyos de un Consell, que entonces estaba enfrentado con el PP de Alcoy, y el temor a que una sentencia judicial adversa paralizara esta iniciativa se perfilan como las causas principales de una política contradictoria, basada en el viejo arte de amagar y no dar.
Un falso entierro
Permanentemente sometida a los vaivenes políticos, la Canal vive otro momento importante en 2011 con la llegada de un gobierno de izquierdas al Ayuntamiento. El proyecto parece enterrado de forma definitiva, cuando el bloque PSOE/Compromis/EU asume el poder y anuncia que buscarán ubicaciones alternativas, ya que los tres partidos están de acuerdo en desechar la propuesta del PP.
Este breve paréntesis apenas dura unos meses y se rompe cuando La Española anuncia su intención de trasladar todas sus factorías a unos terrenos de su propiedad situados en la Canal, pero en una zona distinta de la que inicialmente iba a albergar el polígono. La vieja polémica resucita con fuerza, aunque con diferencias muy significativas. En vez de un proyecto genérico de infraestructura industrial impulsado por la Administración, nos hallamos ante una propuesta concreta diseñada por una empresa, que amenaza con abandonar Alcoy si no se aceptan sus planteamientos. Asimismo, en esta ocasión se produce una contundente intervención de la Generalitat, que apoya la idea de la aceitunera y que la incluye en una declaración de Actuación Territorial Estratégica (ATE), que le permitirá obviar el dictamen del Ayuntamiento, agilizar trámites y pasar por encima de diferentes normativas ambientales.
Bendecida por el propio presidente del Consell, la iniciativa de La Española se convierte en un elemento de fuerte presión sobre el gobierno de izquierdas de Alcoy. El PP apoya sin discusiones el plan, EU y Compromis lo rechazan sin ningún tipo de atenuante y los socialistas se mantienen durante buena parte de la legislatura en una posición de calculada ambigüedad. Este frágil equilibrio se rompe este mes de septiembre, cuando la Generalitat aprueba la declaración de ATE, que inmediatamente provoca una intervención pública del alcalde anunciando que su partido no se opondrá al proyecto, permitiendo así que la Generalitat y la empresa lo desarrollen sin tener que enfrentarse a ningún obstáculo municipal.
Casi veinte años después de su primera aparición, la Canal sigue siendo el tema central de la actualidad alcoyana y amenaza con romper el pacto de PSOE/EU, dejando a los socialistas al frente de un precario gobierno con sólo siete concejales. Como si fuera una maldición bíblica, este endiablado proyecto de infraestructura renace en pleno año electoral y se convertirá, sin lugar a dudas, en uno de los argumentos centrales de la próxima campaña, influyendo de forma sustancial en los resultados de los próximos comicios.
Alcoy está a punto de cumplir una triste condena de veinte años y un día. Dos décadas de continuada discusión y de tiempo perdido para el desarrollo de la ciudad; dos décadas de réplicas y contra réplicas, que han provocado que el diseño de una verdadera política de promoción industrial se viera reiteradamente desplazado por un estéril e interminable debate político.
