Era una de esas comidas de off de record entre periodistas y políticos, en las que a la hora de la sobremesa y de los chupitos se desatan las lenguas y se dicen cosas que no se deben decir. Afectado por las brumas del orujo y por la animada conversación, un alto dirigente de la derecha provincial y autonómica se saltó todas las líneas rojas de la corrección política y empezó a describirnos su particular visión de la educación. Sin sonrojarse ni lo más mínimo, aquel tipo (perteneciente a un conocida familia de raigambre industrial) nos dijo que le parecía antinatural que el hijo de un modesto trabajador del textil fuera un destacado neurocirujano con prestigio internacional, que se cabreaba cuando veía que la obra de una determinada autovía estaba dirigida por un ingeniero cuya familia se había ganado la vida en una masía agrícola de un pueblo perdido en la Sierra de Mariola o que se ponía rojo de ira cuando una de sus empresas era derrotada por un abogadillo del tres al cuarto, cuyo padre le había pagado la carrera echando horas de conserje en una caja de ahorros.

En principio, aquel alarde de “sinceridad” sirvió para que los periodistas nos tiráramos varias semanas haciendo chistes crueles sobre aquel bocazas clasista. Con el paso del tiempo, empecé a reflexionar y me di cuenta de que detrás de aquellas palabras había mucha sustancia, de que aquellos aparentes exabruptos eran una explicación clara y rotunda de la política educativa de la derecha neocon (léase PP y lo que le cuelga). Perseguir y castigar a la educación pública es el santo y seña de unos partidos que consideran que la igualdad de oportunidades atenta contra el sagrado orden establecido. Según estos pájaros, hay que establecer filtros para evitar que los hijos de “la chusma” cojan el ascensor social y lleguen a puestos de trabajo que de toda la vida de Dios están reservados para la gente de alcurnia y apellidos sonoros. Para conseguir estos objetivos, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos de derechas tienen infinidad de medios: llenar el país con un mar de barracones, putear a los profesores con una sistemática falta de medios hasta que pierdan el más mínimo asomo de vocación, dejar que los institutos se caigan a trozos o convertir las universidades en un ámbito vetado para aquellos estudiantes que no dispongan de posibilidades económicas. Mientras tanto, se mima a los centros concertados, se crean y se bendicen universidades privadas y se teje una tupida red de complicidades entre los dirigentes de la Conselleria de Educación y las patronales de la enseñanza, hasta el punto de que hay momentos en los que no se sabe quién es quién, ya que algunos nombres pasan de un lado a otro del mostrador con colegueo que debería escandalizarnos.

Toda esta larga diatriba viene a cuento de la ejemplar movilización que están llevando a cabo estos días los profesores valencianos. Este mar de camisetas verdes es una reconfortante demostración de que en la menfotista Comunitat Valenciana todavía existe una sociedad civil capaz de echarse a la calle para defender uno de los logros básicos del Estado del Bienestar: una educación pública, gratuita y de calidad. La gente decente se encuentra ante la obligación moral de respetar y de apoyar a este colectivo profesional. Son el último muro para frenar una ola privatizadora, con la que se quiere convertir la educación en una mercancía de lujo por la que hay que pagar. De su victoria o de su derrota depende el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.

No lo tienen fácil los profesores movilizados. Conviene recordar que están negociando con el Consell de la Dana, el grupo de incompetentes que dejó morir a 230 personas porque su jefe estaba de picos pardos. Tras superar esta dura prueba, nos encontramos ante unos políticos llenos de escamas y cuajados en el cinismo; unos tipos curados de espantos, capaces aguantar la peor de las vergüenzas con una sonrisa en los labios. La movilización docente valenciana llena los informativos de toda España, mientras los dirigentes de la Generalitat boicotean cualquier tipo de acuerdo, alargan el conflicto de forma irresponsable y lanzan potentísimas campañas de desprestigio contra los profesores para enfrentarlos con los padres y con el resto de la sociedad.

El colectivo docente no va a encontrar ninguna tregua por parte del PP valenciano, cuya principal aspiración es que la enseñanza pública salga lo más deteriorada posible de este lío. La mejor prueba de este estado de cosas es ver cómo se ha tratado desde la derecha valenciana el tema de la agresión policial a una profesora jubilada que estaba ejerciendo su derecho a la protesta callejera. En vez de apoyar a una profesional que durante décadas ha ejercido de funcionaria de la Generalitat, la misma Generalitat se une a ese repugnante coro de voces que justifica la desproporción sancionable de la actuación del agente, mientras ataca a la víctima con argumentos que rozan el más rancio machismo. Apalizar a una maestra de 68 años de edad es para ellos un daño colateral asumible en una guerra en la que sólo quieren exterminar cívicamente al enemigo.

Sólo el temor a sufrir consecuencias políticas negativas sería capaz de cambiar la línea de actuación de las autoridades del Consell. Sólo el apoyo rotundo de la sociedad a los profesionales de la educación haría posible este milagro. Para desgracia de todos nosotros, al PP le está funcionando la táctica: eternizar la solución del problema y esperar a que el paso del tiempo haga que desaparezca de la actualidad. Si consiguen alcanzar esta meta, la educación pública en la Comunitat Valenciana habrá sufrido una derrota de la que tardará décadas en recuperarse.