Pacientes desnudos, gente tirada por los suelos con los pañales rotos y ancianos pidiéndoles a los médicos que alguien los sacara de allí; colas de coches fúnebres esperando en los accesos, internos sanos compartiendo habitación con cadáveres; habitaciones con varios muertos en las camas esperando por que no había ataúdes para todos; infectados de covid mezclados con pacientes sin ningún síntoma, desatención a cualquier otra dolencia que no tuviera que ver con la pandemia y falta de comunicación casi total entre los internos y sus familias, lo que hacía que todas estas muertes se produjeran en la más absoluta soledad y desamparo.

Aunque pueda parecerlo, todos estos desastres no se han producido en un geriátrico de caridad de un país del tercer mundo arrasado por un bombardeo o por una catástrofe natural. Esta “hecatombe” (así la definía el Doctor Manuel Pérez), descrita en sus declaraciones por  diversos testigos del juicio del Hospital de Oliver, se ha producido en Alcoy, a muy pocos metros de nuestras casas y ha sido protagonizada por nuestros mayores. Por muy incomprensible que nos parezca, las víctimas de esta catástrofe pagaban importantes cantidades de dinero a cambio de que una empresa especializada les proporcionara una adecuada atención en los últimos días de sus vidas. Pensiones, ahorrillos y aportaciones de los hijos se iban para costear un poco de dignidad en el tramo final del camino y en vez de eso, estos 74 alcoyanos se vieron empujados a un siniestro descenso a los infiernos.

Se abusa del término “de obligada lectura” para destacar el valor de un determinado artículo de opinión. Sin embargo, en este caso concreto la frase cobra su más su sentido más literal: las crónicas periodísticas del juicio contra la concesionaria del Hospital de Oliver deberían ser de obligada lectura para todos los alcoyanos. Tenemos el derecho (casi la obligación) de enterarnos de lo que pasó entre aquellas paredes centenarias en aquellos terribles días de la primavera de 2020. Hay que luchar a brazo partido contra un olvido impulsado por la propia empresa y por unas autoridades pusilánimes, que no han mostrado ni el más mínimo gesto de altura moral. Ha de salir a la luz hasta el último detalle de aquel drama, por escabroso y duro que resulte, para que podamos hacernos una idea clara de la magnitud de la tragedia y evitar que ésta se repita en el futuro.

Revisando el caudal de información que genera el juicio y las estremecedoras novedades que cada día van saliendo a la luz, todavía resulta más inexplicable la inhibición de las instituciones públicas ante una crisis de estas dimensiones. Ni la Generalitat (responsable final de la gestión del centro), ni el Ayuntamiento (moralmente obligado a liderar la defensa de cualquier alcoyano en situación de vulnerabilidad) han dado la talla. Las administraciones que debían velar por la salud de nuestros ancianos se han limitado a escurrir el bulto, a evitar las salpicaduras políticas de este desastre y a intentar que el olvido acabe enterrando este vergonzoso episodio que ensuciará para siempre sus biografías.

A la asociación de familiares hay que agradecerle el esfuerzo solitario y tenaz de llevar el asunto a los tribunales para ponerle allí algo de luz y para evitar que esta tristísima historia desaparezca aplastada por la amnesia general.