Vivimos tiempos extraños en los que todo el mundo apuesta por la inteligencia artificial y en los que nadie parece echar cuenta del sentido común. Las administraciones públicas son entes paquidérmicos ajenos a toda lógica, que se han especializado en matar moscas a cañonazos. La situación creada con el cierre total de los locales de ocio nocturno por el coronavirus pone en evidencia la falta de sensibilidad de una burocracia, que se ha convertido en un monstruo sin pies ni cabeza.
A mediados del pasado mes de agosto, ante el rebrote de contagios por la pandemia, se decidía (por justificados criterios de salud pública) el cierre de locales hosteleros de ocio nocturno (léase pubs y discotecas). La medida suponía una vuelta de tuerca más en el intento de frenar un grave problema sanitario, que se había visto agudizado por la llegada del verano y de las vacaciones, dando lugar a escenarios sociales y lúdicos muy difíciles de controlar. Veinte establecimientos de Alcoy se veían afectados por esta drástica decisión, que no afectaba a los bares normales y a las cafeterías, que permanecían abiertos manteniendo las medidas de seguridad y de prevención exigidas por la Administración.
Este cierre se mantendrá hasta finales del mes de septiembre, aunque podría ampliarse en el tiempo si no se produce una mejora en la evolución de la epidemia. Colocados ante un panorama de ruina económica y de bajada definitiva de las persianas, los propietarios de algunos pubs plantean una posible solución provisional: acogerse al estatus de bar normal o de cafetería y seguir ofreciendo sus servicios, cumpliendo los mismos horarios y las mismas restricciones que el resto del sector. La respuesta de las administraciones municipales, tanto en Alcoy como en otras localidades, ha sido decepcionante: el cambio de licencia es un proceso complicado, que ha de ser aprobado por la Generalitat y que exige trámites importantes (redacción de proyectos, inspecciones, etc), que pueden prolongarse durante dos o tres meses. Resumiendo, si siguen estrictamente el procedimiento legal, estos establecimientos se enfrentan a un cierre de varios meses de duración, que en buena parte de los casos los condenaría a desaparecer.
Mientras estos pequeños empresarios se ven enredados en un bucle kafkiano y letal, los gobiernos se gastan fortunas en ayudar a las personas que se han quedado sin empleo y abriendo líneas de subvenciones para las empresas en crisis.
Al final, queda la paradoja. Paliar, al menos en parte, el problema de los locales de ocio nocturno no costaría ni un duro. Sólo haría falta una pequeña y rápida reforma de la normativa legal, que les permitiría seguir abriendo sus puertas, manteniendo sus empleos y su modesta aportación a la actividad económica general. El coronavirus nos ha colocado en una situación atípica y son perfectamente admisibles las soluciones extraordinarias.
Pues de eso nada. Si las cosas siguen así, los propietarios y los empleados de los pubs pasarán a engrosar las filas del paro, recibirán las correspondientes ayudas y se gastará un buen dinero en ponerle parches a algo que se podría haber solucionado gratis con un poco de imaginación y de buena voluntad.
