Las graves tensiones políticas en el Ayuntamiento de Alcoy han acabado por provocar lo inevitable: la Subdelegación del Gobierno en Alicante ha declarado de alto riesgo los plenos municipales, en una medida sin precedentes, que supondrá la implantación de fuertes controles en las sesiones plenarias.

Según informaban fuentes de la sede gubernamental alicantina, las medidas de vigilancia supondrán un cambio radical en la organización de los plenos alcoyanos. Una compañía de antidisturbios, que viajará específicamente a la ciudad, se encargará de que se cumpla la normativa. Entre otras cosas, se prohibirá entrar en el salón de plenos con latas de Coca Cola o cerveza, permitiéndose únicamente botellas de agua mineral de plástico; asimismo, también se penará con fuertes multas el disparo de bengalas por parte de las aficiones de los diferentes partidos políticos y se fijará una reglamentación muy restrictiva en materia de presentación de mociones, considerándose como una incitación a la violencia aquellas propuestas que provoquen el cabreo de alguna fuerza política.

La aplicación de esta legislación prevé que en el caso de incidentes graves, la autoridad gubernativa proceda a la clausura del salón de plenos durante un periodo mínimo de tres meses. Esta situación obligaría a la corporación alcoyana a buscar escenarios alternativos para celebrar las sesiones. Fuentes municipales señalaron a este respecto que ya se han iniciado contactos con Cocentaina y Muro, para que cedan temporalmente sus instalaciones en caso de necesidad.