De la grandeza de una obra filantrópica, al drama de las muertes por el coronavirus. Los 143 años del Hospital Civil de Oliver forman parte de la Historia de Alcoy y reflejan todas las vicisitudes de la ciudad. Este gran edificio fue nuestro primer gran centro sanitario público y vivió las miserias de la fiebre de las privatizaciones. Situado en el foco de la actualidad nacional por una siniestra estadística de víctimas mortales, éste es un buen momento para volver la vista atrás y revisar la intensa biografía de un conjunto arquitectónico que siempre estuvo cargado de un fuerte contenido social y que los alcoyanos consideran como un patrimonio propio.

“En beneficio perpetuo de los pobres enfermos”. Corría el año 1877 y abría sus puertas el Hospital Civil de Oliver. Como refleja esta declaración de principios fundacionales, este proyecto se inscribía dentro de la línea de acciones filantrópicas impulsadas por las grandes fortunas del siglo XIX. El industrial Agustín Oliver construía con su propio patrimonio y legaba al pueblo de Alcoy un inmueble emblemático, que surgía con la voluntad de subsanar una de las principales carencias de una ciudad en pleno periodo de expansión: la falta de un gran centro sanitario al que pudieran acceder todos los ciudadanos. El edificio, diseñado por el arquitecto Gerónimo Granell i Mundet, se convertía en el símbolo de una época en la que las clases más pudientes se sentían obligadas a revertir en la sociedad parte de los beneficios obtenidos por una pujante industria.

Durante casi un siglo, hasta que en 1972 abría el Hospital Comarcal Virgen de los Lirios, Oliver fue el único centro hospitalario público de la ciudad. Esta espectacular pieza de la arquitectura decimonónica estuvo presente en la historia de Alcoy durante un largo periodo de tiempo y su intervención fue básica para afrontar epidemias, grandes accidentes y todo tipo de catástrofes. Aunque se abrieron centros hospitalarios privados, como el Sanatorio de San Jorge o el de la Mutua de Levante, Oliver fue durante décadas el gran pilar sobre el que se apoyaba la asistencia sanitaria pública en Alcoy. La potencia de este papel ha hallado su reflejo hasta en el mismo lenguaje cotidiano: para los alcoyanos de más edad, el hospital sigue siendo el Hospital Civil de Oliver, acuñándose el término la Residencia para referirse al Hospital Virgen de los Lirios.

El centro entra en una nueva etapa a partir del año 1985, cuando tras perder gradualmente sus contenidos como infraestructura sanitaria el Ayuntamiento cede la titularidad a la Generalitat Valenciana. El gobierno autonómico decide convertirlo en una residencia geriátrica de titularidad pública, que permanecerá en servicio hasta el año 1994. El mal estado del edificio fuerza el traslado de los internos a la residencia Mariola la Asunción, ubicada en el antiguo Preventorio. Hay que subrayar un dato importante: el del Preventorio será el último centro geriátrico de titularidad pública creado en la ciudad, a pesar de que en las últimas décadas se ha producido un importante envejecimiento de la población y ha crecido de forma exponencial el número de ancianos que necesitaban atención.

Durante cerca de diez años, el Hospital de Oliver permanece en una situación de indefinición. En una de las alas instala su sede la Asamblea Local de la Cruz Roja, mientras que el resto del edificio permanece abandonado a la espera de un plan para su rehabilitación. En el tramo final de Sanus en la Alcaldía se plantea la posibilidad de convertir este conjunto en la denominada Ciudad de la Solidaridad, un gran complejo destinado a albergar servicios asistenciales y diferentes ONGs, que permitía mantener el uso público del legado de Agustín Oliver y rentabilizar socialmente el edificio. Esta iniciativa es descartada tras llegar el PP al poder municipal.

Por si esto fuera poco, en este periodo de paréntesis el edificio semivacío alcanza notoriedad nacional al aparecer como tema destacado en un programa radiofónico de Iker Jiménez. La presunta existencia de apariciones fantasmales, difundida por un espacio dedicado a temas de misterio, se convierte en tema de conversación y en motivo de todo tipo de especulaciones más o menos delirantes.

El Hospital Civil de Oliver entra en uno de los tramos más polémicos de su historia centenaria cuando la Generalitat del Partido Popular decide convertirlo en un geriátrico de gestión privada. Esta decisión, impulsada por el gobierno municipal popular de Alcoy, se inscribe dentro de un plan autonómico que apuesta claramente por dejar en manos privadas la gestión de la asistencia a la tercera edad. El envejecimiento general de la población y la paralización de todos los proyectos públicos convierten estos centros en una fuente de altísima rentabilidad económica.

En medio de un fortísimo debate político, la Generalitat otorga la concesión de Oliver durante 50 años a la empresa Novaire, una filial de la constructora OHL, cuyo socio mayoritario es Juan Miguel Villar Mir, un hombre que después se verá vinculado a numerosas denuncias de corrupción contra el PP: desde el caso Lezo, a la trama de la Púnica, pasando por los papeles de Luis Bárcenas. En otros puntos de la Comunitat Valenciana, la connivencia es mucho más descarada y la Generalitat otorga concesiones a una empresa de la familia de Juan Cotino, conseller de Bienestar Social (fallecido esta semana a causa del coronavirus).

El geriátrico  reabre sus puertas en 2006, en medio de las críticas generales de los partidos de la oposición, que acusan a los populares de enajenar el patrimonio de todos los alcoyanos.  La empresa Novaire también recibirá la concesión para hacer otro centro en Gormaget, pero finalmente no desarrollará el proyecto.

Desde un principio, esta infraestructura asistencial se enfrenta a graves problemas de viabilidad. En primer lugar, hay que señalar que la inversión realizada en las obras de adecuación de Oliver es muy alta, dada la singularidad arquitectónica y la antigüedad del edificio. Asimismo, la reacción del mercado no responde a las expectativas de la empresa, el alto precio de las plazas privadas hace que no se cubra toda la oferta. Esta situación se refleja también en la paralización de otro proyecto privado para la ciudad, concretamente el anunciado por una promotora para el antiguo colegio de las Paúlas en el casco histórico, que había sido vendido a un grupo inmobiliario por el Arzobispado de València

Transcurrido un año desde su inauguración, empiezan a surgir los primeros conflictos. En 2007, los familiares de los internos denuncian falta de personal y deficiencias en el servicio, protagonizando  un agrio debate público con la dirección. La situación se subsana temporalmente gracias a la ampliación del número de plazas concertadas, lo que permite al centro rentabilizar sus instalaciones a través de ingresos financiados con fondos obtenidos de la Ley de Dependencia. El dinero público salva a una firma privada de un negocio que se presentaba ruinoso, utilizando un discutible procedimiento que en la prensa valenciana fue bautizado con el irónico nombre de “la fórmula Cotino”.

En el año 2015, coincidiendo con la llegada de la izquierda al poder autonómico, Novaire vende todos sus geriátricos al grupo francés Domus Vi, el primer conglomerado de residencias de ancianos de toda España y el tercero a nivel europeo. Tras el cambio de titularidad, que se hace sin excesivos despliegues informativos, el centro de Oliver vive una situación de tranquilidad, que se prolonga hasta los años 2018 y 2019, en los que se registran dos brotes de gastroenteritis, con casi 80 afectados, que hacen que los familiares pidan la intervención de la  Generalitat.

Todo este relato sufre un brusco cambio con la llegada del coronavirus. El Hospital Civil de Oliver se ve situado en el foco de la actualidad nacional ante la desproporcionada cifra de fallecimientos registrada en el centro. Aunque oficialmente sólo se ha hablado de 32 muertes (después se dejó de informar), diferentes fuentes señalan que el número de fallecidos podría situarse en 53 personas e incluso más. Los datos de Oliver hacen que el área de salud de Alcoy sea la que presente un mayor número de fallecimientos de toda la Comunitat Valenciana, duplicando la tasa nacional de muertes. Aunque la pandemia ha golpeado a numerosos centros de mayores de todo el país, las cifras de Oliver son mucho más altas y generan un estado de alarma general.

La situación llega a tal punto, que la Conselleria de Sanidad decide intervenir el centro y ponerlo bajo su control. Un refuerzo de personal sanitario se suma a la plantilla e intenta controlar la espiral de contagios. Mientras se acumulan las evidencias de que algo ha fallado en Oliver a la hora de controlar e impedir la expansión de la pandemia, familiares de los ancianos ingresados expresan su indignación y anuncian que están estudiando acciones legales para exigir responsabilidades por una situación claramente anómala, que contrasta con la baja incidencia de la enfermedad en los geriátricos de titularidad pública de la ciudad. Los partidos de la oposición, en concreto Guanyar, van más allá en sus críticas y exigen que se devuelva el geriátrico a la gestión pública, al considerar que la fórmula privada ha fallado estrepitosamente en este caso.

La crisis del coronavirus ha puesto el foco sobre la historia reciente de una pieza única del patrimonio de todos los alcoyanos. Si existe la voluntad general de revisar el sistema de geriátricos privados de toda España, a la vista de los brutales balances de muertos; en el caso del Hospital de Oliver, el cambio es una verdadera urgencia inaplazable, ya que el drama ha sido mucho más letal y difícil de justificar. La pelota está en el tejado del área de  Bienestar Social de la Generalitat, que dirige Mónica Oltra, pero también debe verse incluida en la lista de prioridades de un ayuntamiento que no debe permitir que un catástrofe de estas dimensiones caiga en el olvido y se cierre sin responsables.